LA EDUCACIÓN OBLIGATORIA EN MÉXICO Informe 2019

Las evaluaciones al Sistema Educativo Nacional (SEN) que realiza el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), sirven para responder una pregunta fundamental de interés tanto para el tEstado como para el resto de la sociedad: ¿qué tanto se garantiza en México el derecho humano a la educación de calidad para todos? —mandato que constituye una obligación del Estado gracias a lo que está consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM)—.

Los principios básicos de la "calidad en la educación", de acuerdo con la literatura nacional y la internacional, están integrados de manera clara en el párrafo segundo del artículo 3º de la CPEUM, donde se establece que la educación "tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia".

En el mismo artículo se enuncian, asimismo, los principios fundamentales del derecho a la educación:

Universalidad: "Toda persona tiene derecho a recibir educación [...]. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias" (párrafo primero).

Equidad: "Contribuirá a la mejor convivencia humana [...] evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos" (fracción ii, inciso c).

Logro (aprendizaje efectivo): "Será de calidad [y buscará] el máximo logro académico de los educandos" (fracción ii, inciso d).

Suficiencia y calidad de la oferta: "El Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria de manera que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos" (párrafo tercero).

Mejora constante: "Será de calidad, con base en el mejoramiento constante" (fracción ii, inciso d).

Este último principio obliga al Estado a garantizar una educación progresivamente amplia y orientada a la búsqueda de mayor igualdad; y además, permite entender a la educación de calidad como aquella que, con arraigo en el propio momento histórico, se adapta para impulsar la mejora de cada ciudadano y de la sociedad en su conjunto.

Las niñas, niños y adolescentes (NNA) son los titulares del derecho a la educación, lo cual implica que el cumplimiento de este derecho como un deber de las instituciones del Estado mexicano —en sus tres órdenes de gobierno— debe asegurárseles. El enfoque de la educación basada en derechos humanos parte de la premisa de que es necesario que los individuos tengan la capacidad de goce y ejercicio de sus derechos, mientras que el Estado está obligado a promover, respetar, proteger y garantizar la realización de estos derechos. Es decir, este enfoque hace hincapié en el desarrollo de capacidades (aptitudes, recursos, habilidades, responsabilidades y autoridad) con el fin de que las personas puedan consultar la información, reclamar, participar, proponer y obtener reparación ante el incumplimiento del derecho. Subraya, además, que las facultades del Estado para cumplir con estos derechos deben fortalecerse en todos los niveles (federal y local).

Los componentes que, de acuerdo con nuestra Carta Magna, deben mejorar de manera constante para que la educación pueda ser considerada de calidad, son los siguientes: la infraestructura; la organización escolar; los materiales y métodos educativos; y los docentes y directivos escolares. Asimismo, es necesario que éstos se articulen, coordinen y adecuen a las necesidades de las escuelas. Todo ello deberá reflejarse en los resultados del logro académico de los educandos, con base en la mejora constante como principio rector de la calidad de la educación en México. En suma, este derecho sólo puede considerarse garantizado cuando la educación que se imparte es de calidad. Por otro lado, reconociendo la existencia de dimensiones y componentes diversos, la evaluación del logro académico expresado en capacidades, competencias o habilidades es un buen indicador de la calidad de la educación impartida.

A pesar de los importantes esfuerzos del Estado mexicano para definir los principios y bases normativas orientados a garantizar el derecho a una educación de calidad para todos, la realidad demuestra que todavía hay un largo trecho por recorrer. De acuerdo con las evaluaciones realizadas por el INEE, es necesario enfrentar aún grandes desafíos, no sólo por las insuficiencias observadas en cobertura y permanencia escolares, sino también por los bajos niveles de logro de aprendizaje de los estudiantes. Por ejemplo, en primaria casi la mitad de éstos tiene resultados insuficientes en Lenguaje y Comunicación, mientras que en secundaria y media superior casi una tercera parte tiene similares resultados. Esta proporción se incrementa en Matemáticas, pues en primaria los estudiantes con nivel insuficiente representan 60% de la matrícula total, en tanto que en secundaria y media superior aumentan a dos terceras partes. En ambos campos formativos, los alumnos de las zonas rurales, de escuelas indígenas y de las áreas con mayor marginación social del país obtienen los resultados educativos más bajos.

Aunado a los desafíos de cobertura, permanencia y logro se encuentra el de la inequidad entre los distintos tipos de servicios educativos. Las diversas evaluaciones realizadas por el Instituto sobre infraestructura, organización escolar, docentes, directivos, currículo, materiales y métodos, así como de políticas y programas educativos, señalan claramente los vacíos e insuficiencias existentes en el SEN, que afectan sobre todo a los grupos más vulnerables del país.

El derecho a la educación impone al Estado una obligación de monitoreo constante, a fin de reconocer con veracidad los resultados y avances en su cumplimiento. A partir de esta obligación, el INEE ha identificado una serie de compromisos que pueden sintetizarse de la siguiente manera:

• Una educación de calidad para todos implica garantizar al menos tres condiciones: acceso a la educación, permanencia en la escuela y logros óptimos de aprendizajes, es decir, relevantes, útiles y significativos para la vida de la población en general.
• El derecho de acceso a la educación significa que todas las NNA del país tengan posibilidades reales de disponer de una oferta educativa de calidad, especialmente quienes enfrentan condiciones desfavorables. El derecho a la permanencia en la escuela implica que, además, éstos tengan una trayectoria escolar sin rezago y un egreso oportuno acorde con la edad típica de terminación de la educación básica y la media superior en condiciones flexibles, y que respondan a las necesidades de los estudiantes en contextos culturales y sociales diversos.
• El derecho al logro de aprendizajes relevantes guarda relación con que las NNA puedan recibir una educación pertinente, aceptable y culturalmente adecuada.

El desarrollo de un sistema de mediciones y evaluaciones que incorpore los cinco principios definidos por el INEE para orientar su actuación —justicia, equidad, participación, respeto de la diversidad y mejora constante— resulta clave y estratégico para retroalimentar e informar al sistema educativo. Por lo tanto, la información independiente que aporta el INEE, gracias a que goza de autonomía para ejercer su función, aspira a constituirse en una herramienta inteligente que movilice a las instituciones del Estado para desarrollar intervenciones públicas, pertinentes y eficaces, y al resto de la sociedad, para que ejerza su derecho a la contraloría social, con el fin de garantizar de manera progresiva el cumplimiento del derecho a una educación de calidad para todos.

Desde su origen como organismo descentralizado en 2002, el INEE ha trabajado por el derecho al logro de aprendizajes. Desde 2013, como órgano constitucional autónomo y en el marco del Sistema Nacional de Evaluación Educativa (SNEE), ha avanzado en la coordinación de metas y métodos comúnmente aceptados por todos, para contar con evaluaciones integrales que permitan conocer de mejor manera el cumplimiento del derecho a la educación en el país.

Con base en las diversas evaluaciones realizadas, así como en la información sistematizada a partir de indicadores clave sobre el desempeño del SEN, en este informe se da cuenta del estado que guarda el cumplimiento del derecho a una educación de calidad para todos. Con ese propósito, está dividido en cuatro capítulos.

El primero presenta datos sobre el derecho de acceso, permanencia y conclusión de la educación obligatoria. Asimismo, destaca información relevante sobre los avances y áreas críticas del SEN.

El segundo capítulo da cuenta del derecho a la educación en función de la pertinencia, la equidad y la calidad de la oferta de los servicios educativos, y presenta información sobre las condiciones de la infraestructura y la organización escolar; los materiales y métodos educativos, así como del personal docente y directivo.

En el tercero se abordan los niveles de logro educativo que alcanzan los estudiantes de la educación obligatoria, como un indicador fundamental del derecho a adquirir aprendizajes relevantes.

El cuarto capítulo hace hincapié en el derecho a la equidad y coloca como tema ejemplar el caso de las escuelas multigrado, que constituyen un referente central de los retos de equidad educativa en el país.

Por último, el epílogo presenta un conjunto de temas que se consideran fundamentales para construir una agenda de política educativa orientada a cumplir con el derecho a una educación de calidad para todos.

Asimismo, se ofrece el desarrollo de esa agenda posible, a partir del análisis de tres series de documentos clave: las Directrices de política educativa, los Documentos ejecutivos de política educativa y las Recomendaciones para el sistema educativo.