Capítulo 8 Financiamiento federal para garantizar el derecho a la educación básica y media superior de calidad

La reciente atribución constitucional del Estado mexicano para garantizar el derecho a una educación obligatoria de calidad impone retos en materia de financiamiento público en términos de suficiencia, eficiencia, transparencia y rendición de cuentas. Con el fin de garantizar este mandato constitucional, se requiere de una política de financiamiento educativo, coherente a lo largo del tiempo, que garantice la eficiencia y distribución equitativa, e incorpore la participación simultanea de los tres niveles de gobierno.

Describir la estructura del financiamiento público en educación obligatoria brinda un panorama de los recursos destinados a la operación del sistema educativo y es una primera ventana que muestra la forma en que el Estado cubre las necesidades del sector. En este capítulo se expone una primera aproximación al estudio del financiamiento federal a la educación básica (EB) y educación media superior (EMS) con base en el análisis del gasto ejercido, el cual se reporta en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal (SHCP, 2017d), documento oficial fiscalizado en donde se detallan el uso y el destino de los recursos públicos. Desafortunadamente, los gobiernos locales no siempre cuentan con el mismo nivel de desarrollo que el gobierno federal en materia de contabilidad gubernamental, rendición de cuentas y transparencia; por ello, en este capítulo se presenta sólo información del gasto federal.

El periodo de análisis comprende de 2008 a 2016, con base en la disponibilidad de información pública. La fuente de información son los datos abiertos del portal de Transparencia Presupuestaria, Observatorio del Gasto (SHCP, 2018) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Durante este lapso se abarcan parcialmente las administraciones de los presidentes Felipe Calderón y Enrique Peña, por lo que se presentan análisis comparativos entre los años 2008-2012 y 2013-2016.

El análisis del gasto ejercido se realiza en seis apartados. En primer lugar, se describe la normativa que rige la estructura del financiamiento público para educación. En segundo lugar, se describe la estructura administrativa encargada del ejercicio del gasto federal en educación obligatoria, y se muestra la evolución de éste durante el periodo 2008-2016. En tercer lugar, se analizan la asignación del gasto y la distribución por alumno para EB y EMS; en este apartado se analiza también el nivel superior. En cuarto lugar, se revisan los montos y la composición entre gasto corriente e inversión dentro de los Programas Federales y los Programas de Gasto Federalizado en la educación obligatoria. El quinto apartado muestra los principales programas presupuestarios de educación obligatoria. Finalmente, se presentan las conclusiones.

No en el gasto aprobado, el cual se reporta en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).
Este capítulo se enriqueció con las sugerencias y observaciones de distintos especialistas: Sylvia Schmelkes del Valle, Margarita Zorrilla Fierro, Teresa Bracho González, Víctor Lamoyi, Pedro Flores Crespo, Alejandro Márquez y Javier Mendoza, así como de la Dirección General de Planeación, Programación y Estadística Educativa (DGPPYEE) y la Subdirección de Normatividad Programática e Integración del Gasto Educativo Nacional de la Secretaría de Educación Pública (SEP).
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