El derecho a aprender
El propósito último de todo sistema educativo es el logro de aprendizajes sustantivos por parte de todos los alumnos y, en el caso de la educación obligatoria, de toda la población del país en edad de cursarla.
Varias evaluaciones se aplican a gran escala en México para revisar el aprendizaje: el Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes (PLANEA), que se aplica a alumnos de grados terminales de los diferentes niveles de la educación obligatoria; el Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes (PISA), de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que se aplica a alumnos de 15 años en el grado en el que se encuentren; la prueba del Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación (LLECE), que se aplica a alumnos de tercero y sexto de primaria en un número importante de países de la región, y la prueba International Civics and Citizenship Study (ICCS), que se aplica a alumnos del octavo grado (segundo de secundaria). Estas pruebas miden el aprendizaje de Lenguaje y Comunicación, Matemáticas, Ciencias y Formación Cívica.
Los resultados obtenidos a partir de ellas muestran bajos logros de aprendizaje por parte de una proporción muy alta, a veces mayoritaria, del alumnado. Los estudiantes obtienen calificaciones por debajo del nivel básico de desempeño tanto en Lenguaje y Comunicación como en Matemáticas. El porcentaje de alumnos que no logra los propósitos básicos de aprendizaje aumenta conforme se avanza en los niveles educativos.
En la prueba PISA, los alumnos de 15 años también se encuentran, en su mayoría, por debajo del nivel 2, que es considerado básico, y los resultados de México distan mucho de la media de los setenta países que aplican la prueba; en la región latinoamericana se ubican por debajo de Chile y Uruguay. La prueba LLECE, si bien nos ubica en quinto lugar entre los países de la región, también arroja resultados poco satisfactorios de los alumnos de tercero y sexto de primaria en Lengua y Matemáticas. Por último, la prueba de Educación Cívica y Ciudadana revela importantes retos para la formación de nuestros estudiantes en estos ámbitos.
Con base en los resultados de las pruebas PLANEA se puede decir que, en general, los estudiantes logran aprendizajes que exigen un bajo nivel cognitivo, con excepción del preescolar. La falta de logro de aprendizajes genera lagunas que se van acumulando, lo cual hace muy difícil cubrirlas en grados posteriores. Ello obliga a revisar los diversos factores que concurren en estos resultados: las condiciones materiales de los planteles, la organización escolar, la propia política educativa, así como la formación docente y sus prácticas en aula en todos los niveles.
A escala nacional ha sido poco el avance en los niveles de aprendizaje. Las pruebas comparables en el tiempo muestran una gran estabilidad de los resultados en Lenguaje y Comunicación, así como en Matemáticas, aunque se observan marcadas diferencias entre modalidades educativas y entidades federativas. En Matemáticas, en todos los casos, se registran avances menores e insuficientes. Algo similar ocurre con la Formación Cívica y Ciudadana. Ello significa que es posible mejorar los aprendizajes de los estudiantes. Como país, es necesario hacer esfuerzos mucho más intensos, sostenidos y diversificados en la mejora del conjunto de componentes y procesos que conducen a los resultados de aprendizaje.
Por ahora, los resultados son muy desiguales como consecuencia de las condiciones del contexto, sin duda, pero también por el hecho de que componentes y procesos se distribuyen de manera inequitativa, de forma tal que son menos y de peor calidad aquellos que se destinan justamente a las regiones y poblaciones que requieren de mayor apoyo y atención. Así, los resultados de aprendizaje son más bajos en las comunidades más pequeñas, en alumnos que viven en zonas de alta o muy alta marginación, en niños HLI, y entre los alumnos que proceden de familias de menores ingresos y cuyos padres cuentan con menores niveles de escolaridad. Las brechas no han disminuido, lo que indica que no han sido suficientes ni del todo eficaces los esfuerzos de política pública desplegados para lograr una mayor equidad en la dotación de recursos y un adecuado funcionamiento de las escuelas en las zonas y en poblaciones con desventajas sociales. En este informe, como en otros anteriores, se hace evidente que no se puede esperar una mayor equidad en los resultados de aprendizaje cuando no la hay en la calidad de los insumos con los que se dota a las escuelas y en los procesos cotidianos que en ellas ocurren.
