INEE: Cumplimiento de sus mandatos y principales resultados
En el presente documento se describen y analizan algunos de los elementos que, estando entre las funciones sustantivas del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) y siendo mandatos a los que le obliga el artículo tercero constitucional, no han sido detallados en los informes anuales precedentes entregados al Congreso de la Unión. A cinco años de la reforma constitucional pueden ya rastrearse diversas acciones técnicas, de regulación, de coordinación institucional, de difusión y de orientación de las políticas educativas desarrolladas a partir de 2013, que forman parte de las condiciones fundamentales de la evaluación educativa en el país y, por tanto, del Sistema Educativo Nacional (SEN).
Se busca con ello explicitar la labor del INEE en el sistema educativo, que va más allá de sus funciones de evaluación directa de las condiciones en que opera la educación y de la difusión de sus resultados. El cambio constitucional, así como la demanda de generar, regular y operar, en el contexto del cumplimiento de nuevas funciones y atribuciones, llevaron a pensar la organización de este organismo autónomo de manera particular, modificando y agregando tareas y productos que deben reconocerse, identificarse y, sin lugar a dudas, mejorarse en forma constante.
El documento se organiza de la siguiente manera. En un primer apartado se plantean los antecedentes del INEE autónomo en el contexto político institucional que representaron la Reforma Educativa, el cambio constitucional y las leyes reglamentarias de dicha reforma: la Ley General de Educación (LGE), la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (LINEE) y la Ley General del Servicio Profesional Docente (LGSPD). Este nuevo escenario condujo a una revaloración de la evaluación educativa como un instrumento privilegiado para apoyar el cambio hacia la mejora continua del sistema educativo (con base en información sólida). A su vez, el INEE adquirió mandatos que condujeron a un diseño institucional de índole funcional, organizacional y de coordinación con autoridades en el contexto del sistema educativo que se describe brevemente en torno a la definición de responsabilidades. Por último, se presentan los principales resultados de estas funciones normativas que representaron el cambio constitucional y que han motivado una parte importante del trabajo institucional.
Esperamos que con este documento pueda tenerse una visión más informada sobre las responsabilidades del Instituto y lo que se espera de él en áreas que, siendo distintas a los resultados derivados de la función técnica de evaluación, son productos del trabajo institucional en el esfuerzo de dar respuesta responsable a los mandatos establecidos en la Constitución.
Dra. Teresa Bracho González
Ciudad de México, abril de 2018
