Conclusiones
En las últimas dos décadas se le confirió a la evaluación de la educación un papel estratégico para fortalecer el funcionamiento, la planeación y la rendición de cuentas del Sistema Educativo Nacional (SEN), a pesar de que el mecanismo no era una novedad, ya que como práctica se había instalado en el país desde la década de los setenta. Sin embargo, varias razones impidieron su consolidación como instrumento de mejora de la calidad de la educación: la falta de transparencia en los resultados, la heterogeneidad en la calidad de las evaluaciones, la baja difusión de sus resultados y, en consecuencia, el muy escaso uso de los resultados. En ese contexto, el hecho de que el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) haya sido transformado en un organismo constitucional autónomo responde a esa intención ulterior de generar un sistema —el Sistema Nacional de Evaluación Educativa (SNEE)— y una autoridad que lo coordinara —el INEE— y que pudiera hacer frente a cuatro grandes desafíos: (1) evaluar con rigor, exhaustividad, independencia y transparencia el SEN; (2) tener suficiente libertad y flexibilidad para comunicar y discutir pública y ampliamente los resultados y las implicaciones de la evidencia aportada por la evaluación; (3) regular las evaluaciones educativas realizadas en el país mediante la emisión de normas, la validación de instrumentos y la supervisión de procesos de evaluación, y (4) transformar la información en evidencia para la construcción de acciones públicas y convertir los análisis sistemáticos en recomendaciones de política pública mediante directrices dirigidas a las autoridades educativas para orientar sus decisiones, buscando modificar los cursos de acción dentro del SEN con la finalidad de impulsar la mejora de la calidad de la educación.
A partir de una propuesta inédita en el ordenamiento jurídico mexicano, donde se da una estratégica redistribución de competencias, se busca avanzar en una política de evaluación que al tiempo de recuperar la rectoría del Estado busca fortalecer sus capacidades para garantizar el derecho a una educación de calidad para todos. Con ello, el INEE avanza en convertirse en una institución más ciudadana y menos política en el ejercicio del servicio público. Es en esa dirección que se busca conducir la elección de autoridades del Instituto; la creación y la puesta en marcha de órganos técnicos y sociales de consulta dentro de la estructura del INEE; la calidad técnica de sus evaluaciones junto con la participación de miembros de la sociedad civil como observadores en procesos de evaluación y la divulgación pública de evaluaciones, investigaciones, bases de datos y demás tipos de informaciones generadas por el Instituto.
La modificación al artículo 3º constitucional señala al INEE como el organismo responsable de la evaluación de los componentes del SEN, responsabilidad que anteriormente recaía en la SEP. En la implementación de los mandatos constitucionales y legales se ha puesto de manifiesto que evaluar la educación obligatoria es una tarea compleja que implica ir más allá del aprendizaje de estudiantes en sus resultados cognitivos, para abordar también los no cognitivos, así como otros ámbitos de su formación como personas y ciudadanos. Supone, además, colaborar en la Evaluación del Desempeño Docente y de las autoridades escolares, y evaluar programas, currículo, materiales, intervenciones pedagógicas e institucionales, innovaciones y toda una gama de tareas asociadas al financiamiento, la formación y la actualización docentes, la cobertura, la equidad y la inclusión educativa. Con lo anterior, el Instituto amplió sus tradicionales objetos de estudio a través de la evaluación y ha intensificado sus tareas, acciones y proyectos de medición, evaluación y difusión de resultados.
En esta tarea, las evaluaciones que realiza el INEE han sido técnicamente sólidas y objetivas. Al mismo tiempo, se ha buscado que sus propuestas de mejora y transformación sean viables y con el suficiente soporte normativo y técnico, lo que se ha expresado en los lineamientos y las directrices que emite. Adicionalmente, el principio de justicia en las evaluaciones, respetando los derechos de los sujetos evaluados y priorizando los temas de imparcialidad, igualdad y equidad, ha sido un reto, en particular en el caso del ejercicio de la función reguladora, puesto de manifiesto en los procesos de validación y supervisión, en particular, cuando la evidencia muestra que el principio de justicia se violenta.
La Junta de Gobierno del INEE es consciente de la responsabilidad que significa fomentar que la información producida, tanto por las evaluaciones como en sus procesos, no pase a formar parte de los libreros de los funcionarios o los académicos sin mayor uso. Por ello realiza importantes acciones para mejorar la comunicación de los resultados de las evaluaciones a los responsables de las políticas. El mandato de contribuir a la garantía del derecho a la educación de calidad obliga a tener en cuenta, desde el inicio de todos sus trabajos, el de garantizar su uso, relevando el aporte de la información a las acciones en materia de educación de todos los actores, desde las autoridades hasta las aulas. Así, se reconocen avances en las publicaciones especiales dedicadas a funcionarios y docentes, o el diseño y la puesta en marcha de un banco de datos y resultados de evaluaciones, Sistema Integral de Resultados de las Evalucaciones (SIRE). Sin embargo, falta mucho todavía para que la información producida sea un insumo regular en el diseño y la implementación de políticas educativas, y el trayecto es aún largo para llegar a los consejos técnicos escolares, a las aulas o a los padres de familia como usuarios consuetudinarios y efectivos de las salidas de información o los instrumentos normativos, o incluso, de las recomendaciones de políticas que produce el Instituto.
De manera especial es necesario destacar el mandato constitucional planteado al INEE respecto a la coordinación de un sistema que antes no existía: el SNEE. La norma actual faculta al Instituto para establecer relaciones con la autoridad educativa federal y las autoridades educativas locales, convirtiéndolo en una autoridad que organiza las acciones correspondientes a la evaluación de la educación con distintos niveles de gobierno. Con ello se ha generado un nuevo modelo de distribución de competencias en materia de evaluación educativa en el que tanto las autoridades educativas, partícipes del SNEE, como el INEE, tienen atribuciones de evaluación. Ante esa nueva configuración en la que el INEE se convierte en autoridad en evaluación, se ha tenido que cimentar y conseguir los acuerdos, así como la coordinación necesaria para hacer efectiva la concurrencia en la materia.
Para ello se ha construido un andamiaje de interacción entre los actores involucrados. La tarea de articulación no ha sido sencilla, pero producto de esta intención y labor, en conjunción con la autoridad educativa federal y las autoridades educativas locales, hoy, la Política Nacional de Evaluación de la Educación (PNEE) y todos los instrumentos que la acompañan han sido elaborados a partir de un proceso de construcción colectiva que ha permitido, además, el fortalecimiento de profesionales especializados en evaluación en los niveles estatales, así como la recuperación de sus iniciativas, abonando con ello a la operación de un federalismo efectivo. Queda pendiente, sin embargo, el seguimiento y la profundización de esta labor de promoción y desarrollo de capacidades evaluadoras en los estados, siempre en el marco de una política nacional que asegure la búsqueda del objetivo común de mejora de la calidad.
Para finalizar, conviene señalar que hay algunos asuntos no resueltos que exigirán mayor atención en el futuro inmediato. Un tema por explorar tiene que ver con las articulaciones y el posible traslape en los objetos de atención y análisis del INEE con otros organismos autónomos, como la evaluación de políticas educativas, que por su naturaleza están consideradas como parte de la familia mayor de políticas de desarrollo social. Otro asunto de altísima relevancia tiene que ver con el hecho de que las evaluaciones y las directrices efectivamente incidan en decisiones de mejora de la educación en todos sus niveles. Estas mejoras deberán hacerse evidentes y palpables, no sólo para políticos y funcionarios, sino para cualquier comunidad escolar, padres de familia, organizaciones de la sociedad civil y público en general. Estos temas sin duda se mantienen como preocupaciones y retos en la agenda de acción del INEE autónomo a futuro, consciente siempre de que su resolución pasa no sólo por la consideración de aspectos técnicos, sino, sobre todo, por una dimensión de política pública y desarrollo institucional.
