- Ante la falta de respuesta, presentó denuncia ante la Secretaría de la Contraloría General de ese estado.
- Reiteró que todo ingreso o promoción de los maestros será nulo si no se cumple con lo establecido en la Ley General del Servicio Profesional Docente.
- Todas las autoridades educativas del país están obligadas al cumplimiento de la Ley en la materia, destacó.
El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) presentó ante la Secretaría de la Contraloría General del Estado de Chiapas una denuncia en contra de los servidores públicos que resulten responsables de haber emitido, desde el pasado 25 de marzo, supuestas convocatorias al margen del artículo 3º Constitucional, en materia de promoción de maestros.
La denuncia presentada por el INEE da a conocer que el Secretario de Educación de Chiapas, Eduardo Campos Martínez, presuntamente suscribió un “Acuerdo Político” con el secretario general de la Sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Pedro Gómez Bamaca, el pasado 24 de marzo del presente año, en materia del Servicio Profesional Docente, que contraviene las disposiciones legales establecidas.
La petición efectuada por este organismo autónomo se realizó luego de que el 28 de marzo del presente año, mediante el oficio F200000-133-2018, enviado por mensajería privada y correo electrónico, se pidió al Secretario de Educación de Chiapas diera a conocer si las supuestas convocatorias fueron sancionadas por las autoridades educativas locales o si se encuentran al margen de los procesos normativos establecidos.
Mediante el oficio número A100000-0495-2018, del 12 de abril de 2018, este Instituto también le solicitó al Gobernador del Estado de Chiapas, Manuel Velasco Coello, su intervención para que las autoridades educativas de la entidad respondieran al INEE. Hasta esta fecha no se ha recibido respuesta de ninguna de las dos instancias mencionadas.
Por lo anterior, el INEE pidió al Secretario de la Contraloría General del estado de Chiapas gire sus instrucciones, a quien corresponda, para dar trámite e iniciar las diligencias que en derecho procedan respecto de la presente denuncia de hechos.
De acuerdo con la fracción lll del artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas las autoridades educativas están obligadas a observar este mandato constitucional, pues de lo contrario será nulo todo ingreso y promoción que haya sido otorgado de forma distinta a los procedimientos previstos en la Ley General del Servicio Profesional Docente y en la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.