• México requiere de un organismo autónomo que informe con precisión sobre el estado que guarda la educación.
• El INEE exhorta a la Cámara de Senadores a garantizar que las plazas docentes sean asignadas con base en el mérito y la transparencia, y a que se mantenga la autonomía constitucional del organismo evaluador.
• Este organismo destaca que en el Dictamen de reforma educativa, aprobado por la Cámara de Diputados, se pone en riesgo la asignación transparente de plazas y promociones docentes.
En relación con el Dictamen de reforma a los artículos 3°, 31 y 73 constitucionales aprobado por la Cámara de Diputados, la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) destaca que esta iniciativa no garantiza que la evaluación educativa se mantendrá como un mecanismo confiable para impulsar la mejora continua del sistema. Sin duda, en este tema México está dando un paso atrás, y podría dar inicio a una etapa de desmantelamiento de sus capacidades técnicas para diagnosticar, informar y acompañar procesos educativos y su mejora.
Este Instituto reconoce el esfuerzo y el trabajo de los diferentes grupos de oposición que permitieron mejorar la propuesta inicial del 12 de diciembre pasado, de manera justificada y razonada. Sin embargo, es necesario resaltar que el juicio que se hace del INEE refleja desconocimiento intencional de las atribuciones y contribuciones que ha hecho en sus casi 17 años de existencia, comprobable a través de su vasta producción de estudios, evaluaciones e información estadística, públicamente disponible.
Resalta que constituye un grave error desaparecer la autonomía constitucional que actualmente ostenta el INEE, pues permite garantizar mediciones y evaluaciones que producen información valida y confiable con independencia de la autoridad educativa.
Adicionalmente, al Instituto le preocupa la posibilidad que se abre, con el artículo decimosexto transitorio, de retornar a las prácticas del escalafón por la vía de comisiones paritarias entre sindicatos y autoridad, así como la asignación directa de plazas con criterios distintos al mérito. Sus consecuencias sobre la calidad educativa, para los niños y jóvenes de México, puede ser grave.
Por otra parte, el Instituto comparte y reconoce como loable la valoración del magisterio y exige el respeto de los derechos de los maestros que realizaron la evaluación del desempeño en 2018 con fines de promoción en la función, así como de los cerca de 250 mil que se encuentran ya registrados para los concursos vigentes convocados por las autoridades educativas. Se considera importante se garantice la conclusión de los procesos de ingreso y promoción en los términos establecidos y se respeten los resultados de quienes están voluntariamente participando en dichos concursos. Valga señalar que este es el registro más alto hasta el momento.
Este organismo autónomo reconoce el esfuerzo por consensuar diferentes visiones, pero resulta claro que se cedió ante intereses políticos y gremiales que buscan recuperar privilegios, por encima del interés supremo de las niñas, niños y adolescentes a recibir una educación con parámetros claros de mejora continua.
Apelamos a la madurez legislativa, sindical, de la sociedad civil y a la conciencia colectiva del magisterio, para velar porque se mantengan y mejoren los ejercicios para la selección de las y los maestros que atenderán a la niñez mexicana, así como para que se haga válida la valoración de los docentes y su labor, por encima de intereses gremiales, partidistas y de grupos.
Finalmente, exhorta a la Cámara de Senadores a revisar el alcance que pueda tener el artículo decimosexto transitorio para evitar con toda claridad que se abre la puerta a la venta de plazas por medio de la secrecía sindical, así como la suspensión injustificada de la autonomía constitucional del organismo evaluador de la educación.
