Desigualdades entre el sector educativo público y el privado: una competencia aguerrida por un mercado inexistente

Por Michel Kaslin Miranda

Sergio Ocampo En México, como en muchos países de Latinoamérica, prevalecen diferencias notorias entre las instituciones educativas del sector privado y aquellas de gestión pública. A pesar de que en ambos casos se debe cumplir el mismo plan de estudios establecido por la Secretaría de Educación Pública (SEP), existen varias discrepancias que van más allá de los materiales educativos con los que cuentan o la extensión horaria y amplitud curricular. Tal circunstancia parece estar normalizada en el imaginario colectivo, al punto de que se considera inherente a la situación y rara vez es cuestionada.

Antes de proseguir, es oportuno mencionar la importancia que ha jugado la educación pública en los últimos treinta años pues, desde la década de los noventa, la escolarización creció de manera importante, particularmente en los niveles inicial y medio. Dada la obligatoriedad de la escolarización, el Estado se vio en la necesidad de crear los planteles necesarios para atenderla, los cuales, a causa del crecimiento constante de la población, son todavía insuficientes. Esto se ve reflejado en el alto número de alumnos por clase y por docente (OCDE, 2015), quien no sólo debe atender casi al doble de estudiantes que en el sector privado, sino que muchas veces con una remuneración y prestaciones inferiores. En consecuencia, la tendencia de estancamiento y deserción escolar (SEP, 2017) resulta desproporcionada si se compara con las escuelas privadas.

Por otra parte, éstas aseguran que la oferta que presentan a los estudiantes atiende las deficiencias del sistema público. Es decir, las instituciones educativas privadas compiten constantemente por ofrecer lo que el sector público no puede. Además, se otorga una gran importancia a la adquisición de un capital cultural considerable —reflejado, por ejemplo, en la cantidad de libros con los que se cuenta en la casa (Suárez, 2012)—, al aprendizaje de lenguas extranjeras y a la presencia de equipo de cómputo suficiente (INEE, 2017).

En suma, el mayor problema de esta desigualdad es la sectorización y segregación del sector estudiantil y docente, ya que en el imaginario de los padres de familia, los maestros de educación pública no pueden brindar a sus hijos la misma calidad que los que pertenecen al sector privado. Se tiende a concebir erróneamente a la educación como un servicio sujeto a la competencia de mercado, concepción fundamentada en la diferencia entre el capital económico de ambos proveedores.

Ciertamente existe una diferencia entre los ingresos salariales de estudiantes egresados de escuelas privadas y los graduados de instituciones públicas (Borrayo y Mercado, 2012); sin embargo, ello está sujeto a factores distintos a una supuesta diferencia cualitativa. Por un lado, aunque sí es un servicio, la educación no puede considerarse dentro de un marco económico de oferta y demanda, pues se trata de una preocupación constante por el desarrollo de futuros ciudadanos. Por otro, tratar de comparar la calidad de la oferta pública con la de escuelas “de paga” resulta absurdo, pues, además de las dificultades conceptuales propias a la elaboración de un instrumento de medición confiable, las condiciones a las cuales se enfrentan alumnos y docentes, tanto fuera como dentro del aula, son sumamente distintas. Aún más, los docentes de escuelas públicas muchas veces se ven restringidos por los recursos limitados con los que cuentan y, a pesar de las condiciones desfavorecedoras, logran idear estrategias para responder tanto a los planes y programas de estudio como a las necesidades particulares de sus alumnos.

Así, esta desigualdad de condiciones, aunque cierta, no debe de ser considerada grave para el desempeño de las labores docentes. Más bien es preciso valorar la labor educativa por los objetivos que propone y la adaptabilidad situacional de quienes enseñan, en vez de concebir la educación como un producto y a los docentes como los representantes de un proveedor de servicios.

Referencias
BORRAYO, Carmen Leticia y Joaquín Mercado (2012). “Modelos de administración en el Sistema Educativo Mexicano”. En Gestión y política educativa. Guadalajara: Universidad de Guadalajara-Prometeo Editores.
INEE. Instituto Nacional Para la Evaluación de la Educación (2017). Panorama Educativo de México. Indicadores del Sistema Educativo Nacional 2015. educación básica y media superior. Ciudad de México: INEE.
OCDE. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (2015). Panorama de la Educación 2015 (en línea).
PEREYRA, Ana (2008). “La fragmentación de la oferta educativa: la educación pública vs. la educación privada”. Perfiles educativos 30 (120) (en línea).
SEP. Secretaría de Educación Pública (2017). Principales Cifras del Sistema Educativo Nacional 2015-2016 (en línea).
SUÁREZ Zozaya, María Herlinda (2012). Educación superior pública y privada en México. Desigualdades institucionales y opiniones de los estudiantes. Serie: Cuadernos Digitales del Seminario de Educación Superior de la Universidad Nacional Autónoma de México, 4. Ciudad de México: SES- UNAM.

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