En las últimas décadas se ha impulsado la perspectiva de entender el derecho a la educación como el derecho a aprender. Desde este enfoque se reconoce que no es suficiente con que existan escuelas y docentes, el Estado está obligado a ofrecer un servicio educativo con ciertas características que promuevan el aprendizaje y se haga valer el resto de sus derechos humanos.

El INEE plantea una evaluación con enfoque en los derechos humanos que permita al Estado mexicano tener una visión más integral del cumplimiento de su obligación de garantizar el derecho a la educación en sus tres dimensiones: respetar, proteger y cumplir, con el fin de planea e impulsar acciones para mejorar este cumplimiento y monitorear sus avances.

Garantizar la pertinencia y la calidad de los servicios educativos dirigidos a NNA indígenas mediante el ejercicio efectivo del derecho a la consulta, la recuperación de los valores indígenas, así como la participación plena y efectiva de la población indígena en los procesos educativos.

Considerando la importancia de evaluar el mínimo de condiciones con las que operan y funcionan los centros escolares, el INEE ha definido un plan de evaluación nacional de mediano plazo que permita monitorear el derecho a la educación en las escuelas.
Para el nivel de educación primaria, la evaluación de las condiciones básicas se realizó en una muestra aleatoria de escuelas a nivel nacional compuesta por seis estratos: general no multigrado, general multigrado, indígena no multigrado, indígena multigrado, comunitaria y privada.

De especial importancia para caracterizar el entorno escolar, es contar con una medida que sintetice las características de la población que atienden las escuelas en términos de las oportunidades con que cuenta para su desarrollo social. Para lograr esta caracterización se utiliza el índice de marginación por localidad del Consejo Nacional de Población (CONAPO).