Debate sobre la Reforma Educativa (parte 1)

El exhorto

El 11 de septiembre la Cámara de Diputados hizo un exhorto “a los titulares del Ejecutivo federal, de la Secretaría de Educación Pública, en particular a la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente, al Instituto Nacional para la Evaluación Educativa [sic] y a las autoridades educativas estatales, a suspender de manera inmediata e indefinida los procesos de evaluación para ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia, así como cualquier procedimiento sancionatorio, hasta en tanto sea revisado y, en su caso, reformado el marco normativo que rige dichos procedimientos” (Cámara de Diputados, 2018; énfasis en el original).

El exhorto fue presentado por Iran Santiago Manuel, ex tesorero de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), hoy diputado por Morena, quien argumentó que los profesores eran víctimas de acoso laboral, supervisión excesiva, aumento en su carga de trabajo, además de estrés y preocupación por perder estabilidad laboral (Cámara de Diputados, 2018).

La polémica inició incluso en el pleno, pues legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido Acción Nacional (PAN) no estuvieron de acuerdo con la resolución y pidieron, en voz de Leticia Mariana Gómez, del Partido Verde ecologista de México (PVEM), que la Cámara no exhortara al Ejecutivo “a conducirse en contra de un principio de legalidad, el cual es la base de todo Estado democrático” (Cámara de Diputados, 2018).

La perspectiva docente

Entre los profesores también hay opiniones encontradas. Angélica Arellano Hernández, directora de la Escuela Primaria Andrés Iduarte, indica: “Los profesores que han pasado por el proceso de evaluación tienen una visión distinta de lo que pasa en el aula […]: se han dado cuenta de los alcances que tienen todas las actividades en el salón de clases, cosas que a lo mejor pasaban desapercibidas, que realizaban de manera cotidiana sin darse cuenta del impacto que tenía en el grupo para adquirir los contenidos. Esta reflexión siempre genera que haya una mejora”.

Añade: “De inicio, sí fue un cambio de paradigma total, por la manera en que se venía trabajando en el Sistema Educativo Nacional. Obviamente, a muchos les cayó como un balde de agua fría, al ser [la evaluación] una práctica que no era cotidiana y, sin embargo, es necesaria en toda carrera, en toda profesión, para la mejora continua”.

En cambio, el profesor Armando Serrato, de la Escuela Primaria General Francisco Villa, de Durango, Durango, califica a la evaluación de “sancionadora y punitiva”, pues considera que condiciona el trabajo de los docentes y no les brinda la oportunidad de saber en qué están mal para prepararse y mejorar.

También de Durango, Diana Varela Saucedo, de la Primaria Francisco Sarabia, opina que no es pertinente el proceso de evaluación de desempeño, “principalmente por el sistema que adoptaron para la selección de los maestros, por los mecanismos que utilizaron a través de una prueba estandarizada que se ha ido reproduciendo”. Sin embargo, considera que su abolición definitiva no es la solución: “Creo que sería correcto cancelarla tal cual está, que es preciso crear nuevos instrumentos para la evaluación. Sí es necesaria una evaluación del trabajo docente para validar la calidad de la educación, pero no en la forma en que se instauró a partir de la reforma”.

Por su parte, Lev Velázquez Barriga, profesor de Telesecundaria en Michoacán, explica que en el caso de su estado la evaluación para el ingreso ha agudizado el problema del déficit de profesores, porque no todos resultan idóneos, y alerta: “Las herramientas de evaluación se están presentando como si fuesen el objetivo de la formación de los docentes, es decir, como si lo que debieran aprender los maestros en las escuelas formadoras de docentes es prepararse para el examen, no para ser buenos docentes”.

A pesar de los errores y las dificultades que padeció en su propio proceso de ingreso, Mauricio Daniel León Sotelo, profesor de educación física de la Ciudad de México, sostiene que es muy importante llevarla a cabo: “Es como un filtro ante la situación de venta de plazas que había; al momento de quitarle poder al sindicato, adquiere mayor control el gobierno federal con el fin de hacer un filtro para que entren los mejores docentes a dar clases”.

“La cancelación en este momento es más un tema de interés público a favor de directrices políticas, entonces creo que afectaría más a los docentes que están programados”, indica Miriam Martínez Sandoval, de la Escuela Úrsulo Galván, de Veracruz. En el caso de la evaluación de promoción se “fomenta que las personas que decidan participar lo hagan de manera consciente, activamente, sabiendo que tienen que estudiar, esforzarse y que es algo que deben refrendar; eso me parece un acierto”.

Los procesos de 2018 seguirán conforme al calendario: SEP

La Secretaría de Educación Pública (SEP) respondió al exhorto del Legislativo a través de un comunicado de prensa: “En cumplimiento de lo dispuesto por la Constitución, las leyes General del Servicio Profesional Docente y del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, los lineamientos del INEE y el derecho de los docentes a participar en ellos, todos los procesos de evaluación previstos para el resto de 2018 serán realizados conforme al calendario establecido” (SEP, 2018).

En el documento la SEP recuerda que los procesos de ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia de los docentes se establecen y regulan por el orden jurídico vigente. Subraya que es el INEE, por mandato constitucional, la institución que coordina el Sistema Nacional de Evaluación Educativa (SNEE) y emite los lineamientos a los que se sujetan las autoridades educativas para realizar las evaluaciones.

Por su parte, el INEE aclaró que la evaluación pendiente para 2018 es la de desempeño, y que “cualquier modificación a ella debe hacer concurrir a la Secretaría de Educación Pública, a las autoridades educativas locales y al propio Instituto”. Recordó que quienes obtienen buenos resultados en la evaluación de desempeño son acreedores a incentivos y que “miles de docentes ya se han inscrito para la evaluación programada por las autoridades educativas para el mes de noviembre”. Pidió respetar sus derechos, cualquiera que sea la decisión que se tome.

Al mismo tiempo, reconoció “que hay múltiples aspectos de mejora en materia educativa y [que] está abierto al diálogo constructivo con todas las partes”, dentro del marco de derecho. Reiteró que el Instituto trabaja “en la construcción de esquemas que aseguren que toda evaluación tenga un carácter formativo; que ofrezca elementos claros de realimentación a las personas y a las instituciones involucradas; y que derive en esquemas de formación y apoyo para quienes más lo requieran” (INEE, 2018).

En el Senado

Martí Batres, presidente del Senado de la República, presentó una iniciativa para desvincular la evaluación de los docentes de la permanencia y promoción en su empleo. Planteó que la reciente reforma fue eminentemente laboral y administrativa, más que pedagógica, y señaló que “la evaluación no se orientó a mejorar la formación docente y la educación continua” (Senado de la República, 2018).

Al privilegiar el castigo al docente, según Batres, se “impidió involucrar a los maestros en la transformación de la educación” y sin su participación “es prácticamente imposible realizar una reforma educativa” (Senado de la República, 2018).

Propuso derogar el texto de la segunda parte de la fracción III, del artículo 3° de la Constitución Política, que actualmente dispone: “Adicionalmente, el ingreso al servicio docente y la promoción a cargos con funciones de dirección o de supervisión en la educación básica y media superior que imparta el Estado, se llevarán a cabo mediante concursos de oposición que garanticen la idoneidad de los conocimientos y capacidades que correspondan. La ley reglamentaria fijará los criterios, los términos y condiciones de la evaluación obligatoria para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el servicio profesional con pleno respeto a los derechos constitucionales de los trabajadores de la educación. Serán nulos todos los ingresos y promociones que no sean otorgados conforme a la ley”.

La iniciativa fue turnada a las comisiones de Puntos Constitucionales, Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, y Estudios Legislativos para su análisis y dictamen correspondiente.

Por Verónica Garduño y Erick Juárez
29/09/2018

Hits
Tags: Blog RED

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Whatsapp
Ir al contenido